Litigar contra el Estado tiene sus propias reglas: términos de caducidad estrictos, requisitos previos como la conciliación prejudicial y un lenguaje procesal muy formal. Perder por forma es frecuente, y casi siempre evitable.
Estos son los asuntos administrativos que atendemos:
Protección inmediata de derechos fundamentales, especialmente en salud, seguridad social, debido proceso y derecho de petición.
Demanda contra actos administrativos que le desconocen un derecho: sanciones, negativas de prestaciones, retiros del servicio y liquidaciones de impuestos.
Reclamación de perjuicios cuando el daño lo causó una acción u omisión de una entidad pública.
Conflictos en contratos con el Estado: incumplimientos, liquidación del contrato, imposición de multas y caducidad.
Elaboración de peticiones y de los recursos de reposición y apelación en la vía administrativa, que muchas veces definen el resultado antes del juicio.
Reclamaciones ante Colpensiones, la UGPP y demás entidades, incluidas reliquidaciones y reconocimiento de tiempos.
Herramientas para exigir el cumplimiento de normas y la protección de derechos e intereses colectivos.
En la consulta usted expone su caso y aportamos las preguntas que hacen falta para entenderlo completo.
Analizamos las pruebas disponibles, los términos que corren y qué tan sólida es su posición.
Con claridad y sin tecnicismos innecesarios, incluidos los riesgos y lo que cuesta cada camino.
Si decide avanzar, asumimos la representación y le mantenemos al día de cada actuación relevante.
Los términos de caducidad son cortos y estrictos. Por ejemplo, la nulidad y restablecimiento del derecho tiene, como regla general, cuatro meses desde la notificación del acto. Dejar pasar el plazo cierra la puerta judicial, así que la consulta temprana es determinante.
En la mayoría de los asuntos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la conciliación prejudicial ante la Procuraduría es requisito de procedibilidad: sin ella, la demanda se rechaza.
En muchos casos sí, y es una de las vías más efectivas cuando está en riesgo la salud o la vida. Lo importante es sustentarla bien con la historia clínica y la orden médica correspondiente.
La consulta jurídica tiene un valor que se le informa antes de agendar: virtual $140.000, presencial $180.000 o a domicilio $250.000 COP. En ella recibe un análisis real de su situación y una ruta concreta de acción.
La información de esta página es de carácter general y no constituye asesoría legal para un caso particular.
