Un proceso disciplinario pone en juego algo que se construye en años: su carrera y su nombre. Una sanción puede significar la destitución y la inhabilidad para ejercer, y en estos procesos el derecho de defensa se ejerce con reglas propias, distintas a las del proceso penal.
Asumimos la defensa en procesos disciplinarios de distinta naturaleza:
Defensa en procesos adelantados por la Procuraduría General de la Nación, las personerías y las oficinas de control interno disciplinario, conforme al Código General Disciplinario.
Intervención temprana: versión libre, solicitud y contradicción de pruebas, y descargos frente al pliego formulado.
Sustentación de los recursos procedentes contra el fallo sancionatorio y agotamiento de la vía disciplinaria.
Procesos disciplinarios en el sector oficial, con las particularidades del régimen aplicable a la carrera docente.
Defensa ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por presunta falta al régimen disciplinario del abogado (Ley 1123 de 2007).
Procesos ético-disciplinarios ante los tribunales de ética médica y demás órganos competentes.
Cuando la sanción ya está impuesta, evaluación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa.
En la consulta usted expone su caso y aportamos las preguntas que hacen falta para entenderlo completo.
Analizamos las pruebas disponibles, los términos que corren y qué tan sólida es su posición.
Con claridad y sin tecnicismos innecesarios, incluidos los riesgos y lo que cuesta cada camino.
Si decide avanzar, asumimos la representación y le mantenemos al día de cada actuación relevante.
Es un momento decisivo. La versión libre es un derecho, no una obligación de autoincriminarse, y lo que se dice allí orienta toda la investigación. Conviene prepararla con abogado y con el expediente revisado.
No. Tienen finalidades distintas y pueden coexistir por los mismos hechos sin que ello constituya doble juzgamiento: el penal juzga el delito, el disciplinario el incumplimiento de los deberes funcionales. Las garantías existen en ambos, pero se ejercen de forma diferente.
Sí. Además de los recursos dentro del proceso, el fallo sancionatorio es un acto administrativo susceptible de control judicial mediante nulidad y restablecimiento del derecho, con términos de caducidad que hay que cuidar.
La consulta jurídica tiene un valor que se le informa antes de agendar: virtual $140.000, presencial $180.000 o a domicilio $250.000 COP. En ella recibe un análisis real de su situación y una ruta concreta de acción.
La información de esta página es de carácter general y no constituye asesoría legal para un caso particular.
