El derecho civil regula los conflictos entre particulares: lo que se pacta en un contrato, lo que se debe, lo que se posee y los daños que alguien causa. Son casos que suelen involucrar patrimonio y que se ganan o se pierden en los detalles.
Estos son los asuntos civiles que atendemos con más frecuencia:
Cuando la otra parte no cumple lo pactado: exigir el cumplimiento, terminar el contrato o reclamar la indemnización de los perjuicios causados.
Compraventas, promesas de compraventa, escrituración, linderos, servidumbres, problemas con la tradición del inmueble y saneamiento de títulos.
Cobro judicial cuando existe un documento que presta mérito ejecutivo: pagarés, letras, facturas, sentencias o títulos hipotecarios.
Recuperación del inmueble por mora en el canon, terminación del contrato o incumplimiento del arrendatario.
Reclamación de perjuicios cuando la conducta de otra persona o empresa le causó un daño material o moral.
Declaración de dominio a favor de quien ha poseído un bien de manera pública, pacífica e ininterrumpida por el tiempo que exige la ley.
Paso, acueducto, vistas y demás cargas entre predios, incluida su constitución o extinción por vía judicial.
En la consulta usted expone su caso y aportamos las preguntas que hacen falta para entenderlo completo.
Analizamos las pruebas disponibles, los términos que corren y qué tan sólida es su posición.
Con claridad y sin tecnicismos innecesarios, incluidos los riesgos y lo que cuesta cada camino.
Si decide avanzar, asumimos la representación y le mantenemos al día de cada actuación relevante.
Depende del tipo de proceso y de la congestión del juzgado. Un ejecutivo con título claro puede avanzar relativamente rápido, mientras que un proceso declarativo con debate probatorio amplio suele tomar más de un año. En la consulta le damos una expectativa realista según su caso.
Posiblemente sí. Existen figuras como la nulidad, la lesión enorme, los vicios del consentimiento o el abuso de posición dominante que permiten atacar cláusulas o el contrato entero. Todo depende de los hechos y de las pruebas.
En Colombia, por regla general los procesos judiciales requieren representación de abogado titulado. Además, en materia civil los términos y las cargas probatorias son estrictos: un error de forma puede costarle el derecho de fondo.
La consulta jurídica tiene un valor que se le informa antes de agendar: virtual $140.000, presencial $180.000 o a domicilio $250.000 COP. En ella recibe un análisis real de su situación y una ruta concreta de acción.
La información de esta página es de carácter general y no constituye asesoría legal para un caso particular.