En materia penal está en juego lo más delicado: la libertad y el buen nombre. El sistema penal acusatorio colombiano (Ley 906 de 2004) se mueve por audiencias y términos cortos, donde reaccionar tarde tiene consecuencias difíciles de revertir.
Actuamos en las dos orillas del proceso penal, según a quién representemos:
Acompañamiento desde la noticia criminal, la captura o la citación a interrogatorio, hasta la imputación, la acusación y el juicio oral.
Presentación de denuncias y querellas, impulso de la investigación ante la Fiscalía y reclamación del incidente de reparación integral.
Legalización de captura, formulación de imputación y oposición a la medida de aseguramiento, incluida la detención preventiva.
Negociación con la Fiscalía cuando conviene a los intereses del cliente, buscando la salida menos gravosa dentro de lo que permite la ley.
Hurto, estafa, abuso de confianza y otras conductas contra el patrimonio, tanto en defensa como en representación de la víctima.
Inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar, casos donde la vía penal casi siempre se cruza con el derecho de familia.
Casos originados en accidentes, riñas o hechos donde la calificación jurídica y el dictamen médico legal son decisivos.
En la consulta usted expone su caso y aportamos las preguntas que hacen falta para entenderlo completo.
Analizamos las pruebas disponibles, los términos que corren y qué tan sólida es su posición.
Con claridad y sin tecnicismos innecesarios, incluidos los riesgos y lo que cuesta cada camino.
Si decide avanzar, asumimos la representación y le mantenemos al día de cada actuación relevante.
No es recomendable. Usted tiene derecho a no autoincriminarse y a estar asistido por un defensor. Lo que se diga en esa diligencia queda en el expediente y puede usarse después; conviene ir preparado y acompañado.
Actúe de inmediato: las audiencias de legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento ocurren en un plazo muy corto. Contar con defensa desde la primera audiencia cambia sustancialmente el panorama.
No. Además de la denuncia, la víctima puede constituirse como interviniente en el proceso, pedir pruebas, oponerse a preacuerdos que la perjudiquen y reclamar la reparación integral del daño.
La consulta jurídica tiene un valor que se le informa antes de agendar: virtual $140.000, presencial $180.000 o a domicilio $250.000 COP. En ella recibe un análisis real de su situación y una ruta concreta de acción.
La información de esta página es de carácter general y no constituye asesoría legal para un caso particular.
